¿Siguen vigentes las exigencias de las organizaciones de Economía Solidaria?
Hace varios años en República Dominicana se organizaron un grupo de instituciones con la finalidad de desarrollar iniciativas concerniente al rol de la economía solidaria en el país.
Esta red de organizaciones expresaba la preeminencia en el país de Economía social y solidaria como espacio que aglutina agrupa a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras autónomas que se asocian como estrategia de supervivencia, producción y reproducción de sus vidas.
“El sector de economía social y solidaria realiza un significativo aportes a la economía y desarrollo social del país, a través de miles de millones de pesos generados en la producción y comercialización en productos de primera necesidad, la obtención de ciento de millones de dólares en divisas por la exportaciones agropecuarias de comercio justo, mediante la prestación de servicios sociales y comunitarios, así como la generación y protección de cientos de miles de empleos y autoempleos en todo el territorio nacional ”.
Lxs trabajadrxs se organizan para generar mayores ingresos, produciendo y/o comercializando sus productos, gestionando servicios sociales y comunitarios, ofreciendo asistencia técnica y facilitando micro seguros y microcréditos, todo ello en el marco de relaciones de cooperación y protección de los recursos naturales y la biodiversidad, a partir de sus propios medios de producción, recursos productivos y conocimientos.
REDESOL demandaba que la Constitución de la República establezca:
- Un régimen económico plural que reconozca las diferentes formas de propiedad: pública, privada y social, así como las distintas formas de organización económica: privada, estatal, mixta, popular y solidaria.
- La distribución del ingreso y la riqueza, como garantía del desarrollo humano sostenible.
- La función social como el límite a cualquier iniciativa económica.
- La responsabilidad de todos los sectores económicos: público, privado y social, en el desarrollo económico nacional, tendente al incremento del bienestar social y al trabajo digno para toda la clase trabajadora.
- El fomento de la producción nacional como factor determinante en la garantía de la soberanía alimentaria.
- La protección estatal del derecho al trabajo y reconocimiento de todas las modalidades de trabajo: en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de auto/sustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores, del campo y la ciudad.
- El deber estatal de fomentar y proteger la creación y el desarrollo de la economía solidaria, integrada por las cooperativas, las empresas rurales asociativas, los fondos de ayuda mutua, los fondos rotatorios de crédito, las empresas familiares y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro o el consumo.
- La garantía estatal a la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en el acceso a la propiedad, factores de producción y mercados de trabajo, impulsando políticas especiales dirigidas a erradicar la desigualdad y discriminación hacia las mujeres en el ámbito económico.